DE LA REFORMA PARCIAL A LA TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
La exposición de motivos para una reforma alternativa y democrática de la Ley 30 de 1992, elaborada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) en 2012, delineó lo que desde entonces sería una de las principales líneas de disputa en torno a la educación superior en Colombia: su reconocimiento como derecho fundamental y como bien común.
Como derecho fundamental, la educación superior es condición para el desarrollo integral de las personas, la equidad social y el ejercicio efectivo de otros derechos. Como bien común, refiere a un proceso social de producción y circulación del conocimiento orientado al interés general, que debe protegerse de la mercantilización y promoverse en función de su democratización. Desde esta perspectiva, el Estado está obligado a garantizar no solo el acceso y la permanencia, sino también las condiciones materiales para su desarrollo.
Casi quince años después, una modificación parcial de la Ley 30 se convierte finalmente en realidad. La reforma busca resolver, en principio, la grave crisis presupuestal de la educación superior pública y comprometer al Estado con la garantía de este derecho en condiciones de universalidad y calidad. Se trata, sin duda, de una victoria contundente frente a la agenda privatizadora que durante años pretendió asfixiar la oferta pública de educación superior. También representa un paso importante hacia la construcción de una ley alternativa construida democráticamente y que salvaguarde su carácter de derecho fundamental y bien común.
Foto: Juanita Mayorga
Este proceso deja por lo menos tres lecciones:
Primera lección: las transformaciones en educación superior han estado profundamente vinculadas a la movilización social. La reforma antidemocrática impulsada por el gobierno de Juan Manuel Santos en 2011 desencadenó una amplia movilización estudiantil y profesoral encabezada por la MANE. Aquella ola de protesta no solo logró frenar la iniciativa oficial, sino que avanzó hacia la construcción programática y de consensos y propuestas de reforma alternativa. Este proceso fortaleció la elaboración programática y organizativa del movimiento por la defensa de la educación superior como derecho fundamental y bien común, y la necesidad de una reforma estructural de la Ley 30 quedó instalada en el debate público.
Segunda lección: las demandas del movimiento se ampliaron con el tiempo y son la base para la consecución de una reforma integral de la ley. A la exigencia de mayor financiación para las universidades públicas —central en las movilizaciones de 2011 y 2018— se sumaron críticas al endeudamiento con el ICETEX, al aumento de matrículas en el sector privado, a la precarización laboral de docentes y administrativos, y a problemas de democracia y autonomía universitaria. Estas reivindicaciones se articularon con un malestar juvenil más amplio que tuvo su punto más alto en el ciclo de protestas de 2019-2021 y que contribuyó a reconfigurar el escenario político que llevó al triunfo de Gustavo Petro en 2022 y a la recomposición de las fuerzas en el Congreso.
Tercera lección: incluso en un contexto político favorable, las reformas estructurales requieren claridad estratégica y amplios consensos. Además, la educación merece una mayor prioridad en el marco de la agenda de reformas sociales. Las iniciativas presentadas por el gobierno en 2023 —una ley estatutaria para el derecho a la educación y una reforma integral de la Ley 30— enfrentaron cuestionamientos por su secuencialidad y viabilidad política. Finalmente fueron archivadas, lo que obligó a reorientar la estrategia hacia una modificación parcial centrada en la financiación de las instituciones públicas que ya contaba con propuestas y acuerdos previos.
Foto: Juanita Mayorga
El proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República y sancionado como Ley 2568 de 2026 se estructuró alrededor de seis ejes centrales. Su objetivo es cerrar la brecha de recursos del sistema, de más de $20 billones, y alcanzar un nuevo modelo de financiamiento orientado a fortalecer la oferta pública y garantizar sostenibilidad a largo plazo.
Entre las principales medidas se encuentran: i. la modificación de la regla de asignación presupuestal, adoptando como referente el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) calculado por el DANE*; ii. la creación de una base presupuestal para las ITTU públicas del 0,05% del PIB y su inclusión formal en el modelo de asignación; iii. la incorporación de recursos adicionales a las bases presupuestales orientados al cumplimiento de objetivos estratégicos de la educación superior; iv. el establecimiento de un crecimiento real de los recursos de inversión vinculado al comportamiento del PIB (no menor al 70% del crecimiento real de la economía); v. la definición de un plan de actualización presupuestal equivalente al 1% del PIB con horizonte al año 2040**; y vi. la conformación de veedurías ciudadanas en las comunidades educativas de las IES públicas para ejercer control social sobre la ejecución de los recursos.
Durante el acto de sanción presidencial de la ley, realizado en Popayán el pasado 3 de marzo, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, afirmó que “ya no son los tiempos en que decíamos ‘no dejemos privatizar la universidad pública’, porque ya no la pueden privatizar”.
Sus palabras resuenan con las convicciones de quienes durante años han luchado por una educación superior pública, gratuita y de calidad. Sin embargo, plantea un desafío: convocar una reflexión sensata para avanzar hacia una reforma integral de la Ley 30 que consolide definitivamente la educación superior como un derecho fundamental y un bien común.
Foto: María Claudia Escobar
Como se afirmó anteriormente, este momento es también resultado de un acumulado político y social construido durante años, que hoy se expresa en el reciente avance de las fuerzas de izquierda en el país. Ello se reflejó en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, en las que el Pacto Histórico se consolidó como la principal fuerza política.
A la espera de los resultados definitivos de los escrutinios, los sectores agrupados en esta coalición habrían alcanzado una votación histórica cercana a los cuatro millones y medio de sufragios, lo que le permitiría convertirse en la bancada más numerosa del Congreso, al pasar de 20 a 27 curules en el Senado y de 28 a 41 en la Cámara de Representantes. Esta nueva configuración política amplía la presencia de sectores progresistas y de izquierda que ubican la educación en el centro de su agenda, generando un escenario más propicio para impulsar una reforma integral de la Ley 30.
